La Guardia Civil ha logrado desarticular un grupo criminal que operaba en la provincia de Ciudad Real mediante el método de la "sextorsión". La investigación, enmarcada en la operación "Exman", se ha saldado hasta el momento con siete personas detenidas y otras catorce investigadas como presuntas autoras de un delito de extorsión, aunque las autoridades no descartan nuevos arrestos ya que las actuaciones continúan abiertas. El entramado delictivo consiguió recaudar más de 126.000 euros afectando a ciudadanos de diversas localidades.

El "modus operandi" de la ciberestafa y la ingeniería social en webs de citas

La investigación se inició tras recogerse varias denuncias que presentaban un mismo patrón delictivo. La organización estaba perfectamente estructurada en roles especializados. Un primer núcleo de la red se dedicaba a la ingeniería social, publicando anuncios falsos de servicios sexuales en páginas web de contactos utilizando identidades ficticias de mujeres.

Cuando las víctimas iniciaban la comunicación a través de mensajería instantánea, los delincuentes se ganaban su confianza para recopilar datos personales críticos como el nombre, el teléfono y el lugar de residencia.

Amenazas con sicarios y el uso de mulas económicas para el blanqueo de capitales

Una vez obtenida la información personal, la red cambiaba de estrategia y comenzaba la extorsión activa. Las víctimas recibían llamadas telefónicas en las que se les exigía dinero de forma inmediata. El grupo criminal utilizaba la intimidación psicológica, amenazando con enviar sicarios a los domicilios de los afectados para causar daños a ellos y a sus familiares, además de coaccionarlos con difundir su actividad en las páginas de contactos.

Para gestionar las ganancias de la extorsión, la red contaba con "mulas económicas" distribuidas por diferentes puntos de España. Estos integrantes se encargaban de retirar el dinero en efectivo a través de cajeros automáticos situados en localidades de las provincias de Barcelona, Tarragona, Girona, Almería, Madrid, A Coruña y Ciudad Real, facilitando así el blanqueo del dinero.

Algunos de los presuntos autores ya contaban con numerosos antecedentes policiales y judiciales por este mismo modus operandi en el pasado. Las diligencias instruidas por el Equipo@ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Ciudad Real ya han sido puestas a disposición de los tribunales competentes.

La Guardia Civil ha detenido a 17 personas e investigado a otras 25 por organizar o participar en quedadas clandestinas para realizar carreras ilegales en distintos puntos de la provincia de Toledo. Las actividades ilícitas congregaban a una elevada afluencia de público en polígonos industriales y generaban graves riesgos para la seguridad vial, la integridad de los asistentes y el orden público debido a la combinación de velocidades excesivas, maniobras de conducción extremadamente peligrosas, posible consumo de alcohol y drogas y la ausencia total de medidas de seguridad.

Desarticulado el núcleo organizador de los eventos denominadas "Modo Francia"

Estas concentraciones ilegales, conocidas bajo el nombre de "Modo Francia", tuvieron su auge en Toledo durante los meses de noviembre de 2025 a febrero de 2026. Los participantes publicitaban los encuentros en redes sociales y realizaban maniobras de alto riesgo con el uso de pirotecnia y extintores.

La investigación en materia de seguridad vial y ciudadana desarrollada por el instituto armado ha concluido tras varios meses con la desarticulación del núcleo organizador. El operativo se ha saldado con un total de 42 personas implicadas, entre las que figuran los principales responsables de la organización y varios autores materiales de agresiones contra agentes de la autoridad. Además, los agentes han intervenido 10 turismos utilizados en la comisión de los delitos y han formulado cerca de 30 denuncias administrativas.

Ataques a la autoridad y delitos contra la seguridad vial en polígonos industriales

Entre los hechos más graves investigados destaca el ataque coordinado a un coche oficial durante la concentración denominada "Modo Francia2". En dicho evento, varios participantes rodearon el vehículo policial, lo rociaron con extintores y lanzaron antorchas y material pirotécnico. Paralelamente, uno de los implicados trató de introducir bajo el vehículo oficial un objeto incendiario utilizando aerosoles inflamables a modo de lanzallamas.

Gracias al trabajo de inteligencia desarrollado por las fuerzas de seguridad, fue posible frustrar parcialmente una tercera concentración ilegal. En esta actuación se logró detener al conductor responsable de un atropello múltiple, quien además arrojó un resultado positivo en cocaína, lo que constata el peligro extremo de unos eventos caracterizados por una creciente agresividad hacia los agentes actuantes.

La Audiencia Provincial de Badajoz absuelve al hermano de Pedro Sánchez del delito de tráfico de influencias; la sentencia, no firme, también condena a Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño, que perderá su escaño en el Parlamento de Extremadura

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado este martes a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de prevaricación. El tribunal, sin embargo, le ha absuelto del delito de tráfico de influencias del que también estaba acusado. La pena impuesta no conlleva entrada en prisión.

La misma condena, nueve años de inhabilitación, en este caso de dos delitos de prevaricación, ha recaído sobre Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura y actual diputado en el Parlamento autonómico. En su caso, la sentencia sí tendrá un efecto inmediato sobre su actividad política, ya que la inhabilitación le hará perder su escaño en la Cámara extremeña.

La sentencia, dictada este martes por la Audiencia Provincial de Badajoz, no es firme y puede ser recurrida ante instancias superiores.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una resolución judicial clave sobre el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado originalmente mediante el Real Decreto 1155/2024 de 19 de noviembre. El fallo estima de manera parcial el recurso presentado por diversas organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes. Con esta decisión, el alto tribunal anula diversos preceptos reglamentarios específicos, aunque confirma la validez y la arquitectura legal de buena parte de la reforma migratoria impulsada por el Gobierno.

La trascendencia de la resolución afecta de forma directa a materias sensibles como la reagrupación familiar, la residencia de familiares de ciudadanos españoles, los derechos de las personas solicitantes de protección internacional, el arraigo y la situación de vulnerabilidad de los menores extranjeros.

Protección a la infancia y reconocimiento de vínculos familiares en el extranjero

En materia de protección de menores extranjeros, el Tribunal Supremo ha anulado varias normas del texto al considerarlas contrarias al interés superior del menor. La sentencia declara ilegal impedir el acceso a autorizaciones de residencia a menores por el mero hecho de estar casados, una restricción que perjudicaba a víctimas de matrimonios forzados. Asimismo, se suprimen las limitaciones que afectaban a menores nacidos en España que hubieran realizado salidas justificadas del territorio nacional.

Por otra parte, la justicia declara ilegal la previsión que suavizaba la obligación de prestar atención inmediata a los menores extranjeros no acompañados, recordando que la asistencia por parte de las Administraciones es una obligación legal incondicionada. En esta misma línea de amparo a la unidad familiar, el dictamen anula la exigencia de que las relaciones de tutela se hubieran constituido según el Derecho español, obligando a reconocer las medidas dictadas por autoridades de otros Estados conforme a los convenios internacionales.

Modificaciones en antecedentes penales, empresas de trabajo temporal y tramitación digital

El fallo judicial introduce un cambio de criterio sustancial en la gestión administrativa al anular los preceptos que permitían la denegación automática de autorizaciones por la mera existencia de antecedentes penales. A partir de la publicación de la sentencia, la Administración queda obligada a realizar una valoración individualizada de cada caso cuando existan derechos familiares protegidos, ponderando la gravedad del delito, el tiempo transcurrido o el interés de los hijos menores.

En el ámbito laboral, el tribunal suspende la prohibición que impedía a las empresas de trabajo temporal participar en la contratación de trabajadores extranjeros para actividades de temporada, al dictaminar que el Gobierno introdujo dicha limitación sin la cobertura legal suficiente. Además, se anula la obligación generalizada de utilizar exclusivamente medios electrónicos para relacionarse con la Administración, al no quedar justificado que todos los administrados dispongan de las capacidades y medios telemáticos obligatorios.

Aval a los límites del arraigo laboral para solicitantes de asilo y protección internacional

En el análisis de las restricciones normativas, el Tribunal Supremo ha respaldado la legalidad de impedir que los solicitantes de protección internacional accedan de forma simultánea a las autorizaciones de arraigo mientras su solicitud de asilo continúe pendiente de resolución. De igual modo, confirma que el tiempo de permanencia en el país bajo la condición de solicitante de asilo no es computable para acreditar los plazos exigidos en las distintas modalidades de arraigo.

La Sala ha tomado en consideración la incidencia del reciente Real Decreto 316/2026, de 14 de abril —que modificó el reglamento original—, declarando la pérdida sobrevenida del objeto del recurso respecto al requisito de permanencia irregular de al menos seis meses de la Disposición Transitoria 5ª del Real Decreto 1155/2024, la cual ha quedado derogada. Finalmente, el tribunal avala el nuevo régimen general para los familiares de ciudadanos españoles, rechazando que deba equipararse por completo al régimen comunitario de libre circulación y validando la exigencia de visado.

El magistrado instructor del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha acordado, mediante auto fechado el 8 de julio de 2026, la práctica de tres de las cinco diligencias de prueba solicitadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), personado como acusación particular, en la Causa Especial 22316/2024 que se sigue contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como 'Alvise', y contra el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo Castillo, por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de partidos.

Las diligencias admitidas son las siguientes: requerir informe a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, designada como policía judicial en este proceso mediante auto de 19 de mayo de 2025, para que investigue el tráfico de wallets creadas por los investigados; requerir al representante legal y/o administrador electoral de la agrupación de electores SALF la contabilidad, los libros de tesorería, balances e inventarios, la cuenta de ingresos y gastos, los movimientos de cuentas, las operaciones de capital, el informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización y los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral del partido en las elecciones al Parlamento Europeo de 2024; y requerir al propio Tribunal de Cuentas el informe y la documentación presentada por SALF sobre la fiscalización de dicha agrupación de electores en los citados comicios.

El instructor, en cambio, ha dejado en suspenso otras dos diligencias solicitadas por el PSOE: la toma de declaración a los investigados y la averiguación patrimonial de estos y de la agrupación SALF a través del Punto Neutro Judicial (PNJ), destinada a rastrear saldos y cuentas y, posteriormente, facilitar esa información a la Policía Nacional para el análisis de movimientos bancarios desde 2023. Según recoge el auto, la práctica de ambas diligencias queda "supeditada al resultado de las primeras" y "se acordarán en su momento".

Antecedentes: la suspensión de la inmunidad y la petición de la Fiscalía

El auto recuerda que el Parlamento Europeo comunicó el acuerdo de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Luis Pérez Fernández, lo que dio traslado a las partes mediante providencia del instructor de 18 de junio de 2026. El 25 de junio, la representación del PSOE presentó su escrito solicitando la práctica de las cinco diligencias de prueba, mientras que el 23 de junio la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, también personada en la causa, pidió la declaración de Alvise como investigado y la práctica del resto de diligencias pendientes de resolución.

El Ministerio Fiscal, por su parte, presentó escrito el 26 de junio en el que sostuvo que las diligencias practicadas hasta el momento "han confirmado sobradamente las iniciales sospechas que motivaron la apertura de las presentes diligencias penales, aumentando su potencia incriminatoria hasta elevarlas a la categoría de indicios racionales de criminalidad". A la vista de la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Alvise, adoptada por la Eurocámara, la Fiscalía interesó que se alzara la suspensión del procedimiento acordada al amparo del artículo 753 de la LECrim y que continuara la tramitación de la causa conforme a los artículos 779.1.4º y 780 y siguientes de la LECrim, frente a los investigados Luis Pérez Fernández y Álvaro Romillo Castillo.

El auto recoge asimismo que, por diligencia de ordenación de 2 de julio de 2026, se tuvo por decaído el trámite a los procuradores de ambos investigados —Andrea de Dorremochea Guiot, en representación de Pérez Fernández, y José Andrés Peralta de la Torre, en representación de Romillo Castillo— al haber precluido el plazo sin cumplimentar el traslado.

El instructor ha ordenado dar traslado de la resolución a la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala para que proceda a tramitar la práctica de las diligencias acordadas, y ponerla en conocimiento del Ministerio Fiscal y del resto de partes personadas.

El Gobierno andaluz ha elevado a 12 el número de personas fallecidas en el incendio forestal que se declaró ayer tarde en la localidad almeriense de Los Gallardos, después de que se localizara un segundo cuerpo bajo uno de los cadáveres ya contabilizados. Además de los fallecidos, hay otras 23 personas que continúan sin ser localizadas. El incendio afecta en estos momentos a los términos municipales de Los Gallardos, Bédar y Antas, y el Gobierno andaluz ha señalado que tardará "varios días" en quedar controlado.

Unas 600 personas siguen desalojadas de sus casas. Los últimos han sido unos 120 vecinos evacuados durante la madrugada, que se suman a los que fueron desalojados ayer tarde de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y las viviendas pertenecientes al Pinar de la localidad cercana de Bédar. De todos ellos, 74 personas se han albergado en el teatro de Lubrín y otras 74 en el teatro de Garrucha.

? DIRECTO

El presidente de la Junta de Andalucía, @JuanMa_Moreno, comparece ante los medios desde el Puesto de Mando Avanzado por el incendio #IFLosGallardos en Almería.

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— Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) July 10, 2026

El Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED) ha habilitado el teléfono 677904624 para la atención a los familiares de las personas afectadas por el incendio, y ha entrado en funcionamiento un centro de atención a familiares en el edificio de usos múltiples de Mojácar.

Además de los doce fallecidos, hay cuatro heridos graves por quemaduras e inhalación de humo que fueron evacuados al Hospital de Torrecárdenas, y para los que se está valorando el traslado al hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Otras cuatro personas más fueron asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves.

En cuanto a las carreteras, permanece cortada la AL-6109, del kilómetro 0 al 8, para facilitar los trabajos de extinción. La N-340A a la altura del kilómetro 511 y la A-7, que permanecía cortada entre el kilómetro 709 y el 714, ya han quedado abiertas al tráfico.

Un dispositivo del Plan Infoca ha estado trabajando durante toda la noche y a primera hora de la mañana se han sumado los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que están ya desplegados sobre el terreno.

El consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan Infoca, ha informado de que, a esta hora, los frentes del incendio no están avanzando, pero hay que estar muy pendientes del cambio de viento previsto para las 10.00 horas. Durante la mañana, los trabajos se centran en el frente izquierdo del incendio, el cercano al Centro Budista de la Comunidad, donde no se ha podido actuar por la noche al ser imposible el acceso. Durante la madrugada se ha actuado con fuego técnico sobre la cabeza del incendio, que ha afectado ya hasta 3.150 hectáreas. Para estos trabajos se han incorporado 17 medios aéreos (seis helicópteros y siete aviones) y ya actúan en el lugar 150 efectivos de Infoca y cuatro autobombas.

La Junta de Andalucía mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 2, del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en la provincia de Almería, ante la evolución y gran potencial del incendio declarado.

Incendio urbano forestal en Benahavís

Por otro lado, en el incendio urbano forestal declarado también en la tarde del jueves en la localidad malagueña de Benahavís, la dirección de la emergencia ha autorizado el regreso a sus viviendas de todos los vecinos de la urbanización Flamingos, un total de 1.109, con total seguridad. Continúan evacuados los vecinos de la urbanización Parque Botánico, y sigue vigente el confinamiento preventivo de los vecinos de la urbanización Montemayor, decretado esta madrugada, 687 personas.

En este caso, se ha habilitado el polideportivo de la localidad para atender a los desalojados que lo necesiten, y Cruz Roja ha dispuesto medio centenar de camas, aunque la mayoría se han realojado en casa de familiares, amigos y en establecimientos hoteleros de la zona.

En este incendio ya no quedan carreteras cortadas al tráfico, después de que se abriera a la circulación la AP-7, que permaneció cortada entre los kilómetros 1054 y 1070 (sentido Cádiz).

En estos momentos trabajan unos 170 efectivos de Infoca por tierra y 10 autobombas, y a las 10.00 horas se incorporaron los medios aéreos. El incendio evoluciona favorablemente y ya no hay llama en el perímetro.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, como director del Plan Infoca, elevó a las 17.30 horas a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan ante la evolución del incendio forestal declarado y localizado inicialmente en Estepona (Málaga), que finalmente se ha ubicado en Benahavís.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido este martes con "calma y paciencia" a las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien horas antes había calificado a España de "causa perdida" y "aliado terrible", además de sugerir al secretario general de la OTAN que expulsara al país de la Alianza Atlántica por no comprometerse a alcanzar el 5% del PIB en gasto de defensa.

Preguntado por estas declaraciones durante la cumbre de la OTAN, Sánchez ha explicado que tuvo ocasión de mantener una charla informal con Trump, posterior a la rueda de prensa ofrecida por el mandatario estadounidense, en la que hablaron de fútbol y del próximo Mundial que se celebrará en Estados Unidos. "Ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto no ha habido ningún tipo de tirantez. Al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad", ha señalado el presidente.

Sobre las críticas de Trump, conocidas por el Ejecutivo a través de los medios de comunicación mientras esperaban al inicio de la cumbre, Sánchez ha pedido "calma y paciencia" y ha defendido que, al margen de este tipo de declaraciones, "las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas".

El presidente ha recordado que España sufre un déficit comercial con Estados Unidos, a diferencia de otros países europeos que mantienen superávit, y ha insistido en que la política comercial es una competencia exclusiva de las instituciones comunitarias. "Somos un bloque comercial y es con la Comisión Europea con quien hay que negociar todos los acuerdos comerciales, incluso también las tarifas o los aranceles que la Administración estadounidense ha impuesto a la Unión Europea", ha explicado, subrayando que España ha mantenido "una actitud absolutamente constructiva" de apoyo a Bruselas para alcanzar un acuerdo.

Sánchez ha añadido que, como socialdemócrata, considera que "las relaciones comerciales se tejen entre empresas, entre gobiernos, entre estados", y ha defendido que España "es un país que trabaja por tener las mejores relaciones con todos los países, sobre todo con países aliados con los que tenemos lazos muy consolidados", vínculos que, ha dicho, han trascendido la orientación ideológica de los distintos gobiernos a ambos lados del Atlántico a lo largo de las décadas.

Aprovechando la pregunta, el presidente ha felicitado además al pueblo americano por el 250 aniversario de su independencia.

Por su parte, respecto al gasto en defensa, Sánchez ha destacado el esfuerzo realizado por España para pasar del 0,9% al 2% del Producto Interior Bruto desde 2018, subrayando que "los datos son los datos".

Preguntado también por si ha echado en falta un mensaje de apoyo público a España por parte del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ante los descalificativos de Trump, el presidente no llegó a responder directamente a esta cuestión antes de que la rueda de prensa continuara con nuevas preguntas sobre la participación española en la nueva misión de la Alianza en el Ártico.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado que la disposición adicional décima de la ley de Extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera, conocido también como "devoluciones en caliente", a los migrantes interceptados en alta mar que pretenden entrar a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla. La Sala considera que a estas personas debe aplicárseles el procedimiento de devolución previsto en el artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

El tribunal fija esta doctrina jurisprudencial en una sentencia en la que examina el caso de un inmigrante de nacionalidad argelina que recurrió la decisión administrativa por la que fue entregado a las autoridades de Marruecos, después de ser interceptado en alta mar el 14 de noviembre de 2024 cuando, junto a otras dos personas, intentaba entrar a nado en Ceuta.

En su recurso, el afectado alegaba que dicha actuación constituía una vía de hecho, al ejecutarse sin procedimiento ni resolución y omitiendo sus derechos de asistencia letrada y de protección internacional. Solicitaba una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados, así como el reconocimiento, como situación jurídica individualizada, de la adopción de las medidas necesarias para lograr su retorno y readmisión en España.

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le dieron la razón, salvo en la petición de indemnización, al entender que quien entra por mar, como en este caso a nado, no supera un elemento de contención fronterizo, por lo que no era aplicable la disposición adicional décima de la ley de Extranjería a las interceptaciones en el mar. Un criterio que ahora comparte también el Tribunal Supremo.

Quien entra a nado no supera un elemento de contención fronterizo

La Sala interpreta la disposición adicional décima de la citada ley teniendo en cuenta dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre esta cuestión. Dicha disposición establece que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.

Para los magistrados, el régimen especial de Ceuta y Melilla, concretado en el rechazo en frontera, no está contemplado con carácter general en la disposición para todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, "sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas".

La Sala señala que "no cabe equiparar tales elementos de contención con los dispositivos tecnológicos de control fronterizo —como drones, cámaras térmicas o sensores— que, en principio (y salvo que se demuestre lo contrario), no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta, permitiendo detectar la presencia de personas, pero no impedir físicamente el cruce de la línea fronteriza, ni retener a quienes lo intentan".

No obstante, indica el tribunal, dado que la disposición adicional décima se refiere a los "elementos de contención fronterizos" y no exclusivamente a los elementos de contención terrestres ni, específicamente, a las vallas, "nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza, pudiera ser de aplicación la referida disposición adicional décima a quienes pretendieran cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimos".

Al aplicar la doctrina establecida al caso examinado, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que sostenía que el rechazo en frontera de este inmigrante había sido plenamente ajustado a derecho.

La Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha decidido no adoptar la medida cautelar de suspensión solicitada por la Generalitat Valenciana y la Comunidad Autónoma de Aragón contra el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 para facilitar la regularización extraordinaria de extranjeros en España mediante autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales.

La decisión se produce en el marco de las piezas de medidas cautelares de los recursos contencioso-administrativos interpuestos por ambas comunidades autónomas (recursos 109/2026 y 120/2026), en los que se impugna dicho real decreto. La Sala ha optado por no suspender la ejecutividad de la norma, remitiéndose para ello a las razones ya expuestas en los autos dictados en los recursos 98/2026 y 100/2026.

En cuanto al planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, solicitado también por las partes recurrentes, la Sala considera que, atendidas las alegaciones presentadas y una vez acordada la no suspensión en estos autos, no resulta pertinente plantear dicha cuestión en este momento procesal.

Las decisiones adoptadas no han contado con votos particulares discrepantes. Los autos serán notificados a las partes en los próximos días.

Vito Quiles, comunicador y agitador ultra convertido en símbolo de confrontación contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ha anunciado que no piensa entregarse a la Justicia pese a la orden de búsqueda y captura dictada por un juez español. En declaraciones al diario El Mundo, Quiles sostiene que “no voy a entregarme ni a exponerme a ser detenido, como quiere el Gobierno, hasta nuevo aviso”, insistiendo en que el Ejecutivo de Sánchez le quiere “preso” y denunciando lo que califica como una “cacería judicial” contra su persona.

Según relata al citado periódico, Quiles afirma haber recibido “el apoyo expreso” del presidente de Argentina, Javier Milei, que le habría ofrecido protección diplomática si su situación se agrava. “He recibido el respaldo de Milei y su ofrecimiento para resguardarme en la embajada argentina en España si viera que la situación se agrava”, declara al diario, utilizando ese apoyo internacional como parte de su relato de víctima de persecución política. La mención a la embajada argentina le sirve para elevar el conflicto al plano exterior y presentarse como comunicador perseguido al que un líder extranjero tiende la mano frente a un Gobierno que, según su discurso, estaría actuando contra la libertad de expresión.

No me voy a entregar al gobierno de Sánchez. Fin. pic.twitter.com/Jzmkw8Godp

— Vito Quiles ?? (@vitoquiles) July 1, 2026

Detrás de esa narrativa, sin embargo, se encuentra una situación judicial compleja: Quiles acumula varias causas abiertas en España por delitos como injurias, calumnias, revelación de datos personales y presunto acoso a cargos públicos, responsables políticos y otras figuras mediáticas. Las resoluciones y citaciones que ha venido recibiendo se enmarcan en procedimientos penales iniciados por denuncias concretas, en los que jueces y denunciantes sostienen que sus actuaciones han vulnerado derechos fundamentales de terceros. La orden de búsqueda y captura responde precisamente a la reiterada incomparecencia de Quiles ante los llamamientos judiciales, después de que haya desatendido varias citaciones para declarar.

Pese a ello, el comunicador insiste en presentar su caso como un ejemplo de persecución impulsada por el Gobierno, y no como la consecuencia de procesos legales motivados por sus propias acciones. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado un salto inédito en la crisis del ‘caso Leire’ al imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia.

Según fuentes jurídicas, González se convierte así en la primera directora general de la Guardia Civil encausada penalmente por conspirar presuntamente contra sus propios agentes, un hito que agrava la fractura interna en el Instituto Armado.La decisión de Pedraz llega apenas horas después de que Anticorrupción reclamara su imputación, evidenciando la sintonía entre el criterio de la Fiscalía y el del instructor en esta fase de la causa.

La relación Mercedes González–Leire Díez

El núcleo de la imputación pasa por la secuencia de reuniones entre Mercedes González y Leire Díez, a quien la investigación sitúa al frente de una trama de espionaje, coacciones y sobornos diseñada para blindar al entorno del Gobierno frente a investigaciones por corrupción. Informes de la UCO incorporados al sumario apuntan a varios encuentros en los que Díez habría pedido a la directora que iniciara actuaciones internas contra los agentes que investigaban casos que afectaban al PSOE y al círculo de Pedro Sánchez, incluida la UCO.

Los investigadores dan credibilidad a las 'bravuconadas' de Díez cuando presume ante terceros de su “influencia” sobre la máxima responsable de la Guardia Civil, y vinculan esa relación con la apertura de expedientes internos por supuestas filtraciones en causas como las de Koldo García, Begoña Gómez o el hermano del presidente. La Fiscalía entiende que, si se confirma que esas actuaciones se tomaron para contentar a la red de Díez y no por criterios objetivos, podrían encajar en un delito de prevaricación administrativa y constituir una forma de obstrucción a la labor de la UCO.

El papel del DAO y la ofensiva contra la UCO

La imputación del DAO, Manuel Llamas, sitúa el foco en el corazón operativo de la Benemérita, donde se decide qué se investiga, cómo y con qué medios. Los indicios lo relacionan con las maniobras para abrir investigaciones internas contra la UCO por presuntas filtraciones, en paralelo a las presiones que describen mandos de la unidad para “ponerse de perfil” en las pesquisas sobre el hermano del presidente.

Para la acusación popular, el DAO forma parte de una cadena de mando que habría permitido, cuando menos, que la red de Díez utilizara los resortes disciplinarios de la Guardia Civil como herramienta de desgaste sobre los investigadores más incómodos. Si Pedraz confirma ese patrón, el caso podría evolucionar desde el terreno de la prevaricación aislada hacia el de una estructura estable de corte parapolicial al servicio de intereses políticos, con la cúpula de la Benemérita como eslabón clave.

El choque político: del Senado a Génova

Este nuevo terremoto judicial llega después de semanas de tensión política, con la directora de la Guardia Civil compareciendo en el Senado para dar explicaciones por sus contactos con Leire Díez y acusando a “pseudomedios” de amplificar un “ruido mediático” interesado. En aquella sesión, González evitó detallar el contenido de algunas reuniones y negó cualquier interferencia en investigaciones judiciales, una versión que hoy choca con la lectura que hace Anticorrupción de los chats, agendas y testimonios de la UCO.

El PP ha convertido el ‘caso Leire’ en otro ariete contra el Gobierno: reclama la dimisión inmediata de González y de Marlaska, habla de “delincuencia de Estado” y acusa al PSOE de utilizar el aparato institucional para proteger al presidente y a su entorno.

Desde Interior, Fernando Grande-Marlaska mantuvo esta misma semana el respaldo a la cúpula de la Guardia Civil y reivindica la “ejemplaridad y honestidad” de su directora, negando cualquier intromisión en las investigaciones y atribuyendo el escándalo a una utilización política de la causa. Grande Marlaska reconoció además en el Senado que sí sabia que la directora se había reunido con Leire, desdiciendose así de lo que aseguró en su momento en sede parlamentaria. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido abrir causa contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, por un presunto delito de desorden público relacionado con mensajes publicados en su canal de Telegram durante las protestas agrícolas de febrero de 2024. La instrucción recae, según el turno establecido, en la magistrada Carmen Lamela. Se trata ya de la sexta causa que el Alto Tribunal abre al eurodiputado.

El origen de la investigación está en una serie de publicaciones que, a juicio de la Sala, van más allá de la simple crítica política o la adhesión a una protesta sectorial. Según recoge el auto, esos mensajes, leídos en conjunto y en su contexto temporal, contienen llamamientos repetidos a ocupar, bloquear y colapsar carreteras, accesos a ciudades, centros logísticos, puertos, refinerías y nodos de distribución. También proponían usar vehículos particulares para reforzar los cortes de tráfico, hacían referencia a aprovechar la falta de efectivos policiales y planteaban fórmulas de coordinación colectiva con capacidad, según el tribunal, de afectar gravemente al orden público.

El Supremo se cuida de matizar los límites de su razonamiento. Reconoce que la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho de participación política amparan con especial intensidad el discurso crítico hacia el Gobierno, la denuncia de actuaciones policiales o la simple convocatoria de protestas. Sin embargo, subraya que esa protección no cubre automáticamente los llamamientos directos y de difusión pública a conductas que, por su magnitud, organización y el riesgo que generan, puedan constituir un desorden público agravado.

El auto precisa además un matiz importante: la imputación no se basa en los comentarios violentos que terceros pudieran haber vertido en el canal, sino en las publicaciones atribuidas directamente al espacio de Telegram controlado por el propio eurodiputado, y en su capacidad para incitar públicamente al bloqueo, al colapso y al enfrentamiento con los poderes públicos.

El recorrido judicial de esta causa no ha sido lineal. El Supremo la devolvió inicialmente al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, que había remitido una exposición razonada el 17 de marzo de 2025. El motivo de la devolución fue la falta de una mínima labor instructora que permitiera comprobar si Alvise estaba realmente al frente del denominado "Canal Alvise", lo administraba o lo controlaba.

Ante esa exigencia, el juzgado pidió un informe a la Comisaría General de Información sobre la titularidad, administración y control del canal. El resultado de esa diligencia es lo que ahora permite a la Sala afirmar, en este momento procesal, que existen indicios suficientes de que Pérez Fernández estaba al frente del canal, que este se identificaba públicamente con su persona, que el propio investigado había reconocido en varias ocasiones su vinculación con él, y que funcionaba como instrumento de difusión directa de contenidos audiovisuales y escritos dirigidos a una audiencia muy amplia.

La Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado dos providencias, una en el recurso interpuesto por la Comunidad Valenciana y otra en el promovido por Aragón, en las que abre la puerta a plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial sobre el Real Decreto 316/2026, la norma que ha permitido la regularización de cientos de miles de personas extranjeras en situación irregular en España.

La decisión llega en una fecha especialmente sensible: este martes concluye precisamente el plazo para acogerse a ese proceso de regularización, que según los últimos datos ha superado ya el millón de solicitudes presentadas. El Alto Tribunal, no obstante, no se pronuncia todavía sobre el fondo del asunto ni suspende cautelarmente la norma; se limita, antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por ambas comunidades autónomas, a abrir un trámite de audiencia de cinco días para que las partes valoren si procede elevar la consulta a Luxemburgo.

En sus resoluciones, fechadas el 24 de junio y firmadas por el presidente de la Sala, Carlos Lesmes Serrano, junto a los magistrados Wenceslao Francisco Olea Godoy y Fernando Román García —ponente de ambas providencias—, el tribunal plantea hasta seis bloques de dudas sobre la compatibilidad del decreto con el derecho comunitario.

El núcleo de la controversia se centra en las disposiciones adicionales 20ª y 21ª del Reglamento de Extranjería, que permiten regularizar a quienes presentaron una solicitud de protección internacional antes del 1 de enero de 2026, o que simplemente se encontraran en España antes de esa fecha, archivando incluso órdenes de expulsión ya confirmadas judicialmente. El Supremo se pregunta si ese régimen puede chocar con el Reglamento europeo 2024/1348 sobre protección internacional, que entró en vigor el pasado 12 de junio, y con la Directiva de Retorno de 2008, que España nunca llegó a transponer formalmente.

La Sala también plantea si una medida de este calado —con un impacto estimado entre 900.000 y 1,65 millones de personas, según recoge la propia providencia— puede aprobarse mediante una norma reglamentaria, sin necesidad de notificación previa a la Comisión Europea ni coordinación con el resto de Estados miembros, en un contexto en el que el Pacto de Migración y Asilo impone expresamente el principio de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades entre los socios comunitarios.

Por último, los magistrados cuestionan si el hecho de conceder a estas personas una autorización de residencia que, automáticamente, habilita la libre circulación por el espacio Schengen durante noventa días, resulta compatible con el Código de Fronteras Schengen y con el principio de cooperación leal entre Estados miembros, dado que tampoco consta coordinación previa con los demás países del espacio europeo de libre circulación.

El trámite abierto no implica, de momento, ninguna paralización de la regularización ni afecta a las solicitudes ya presentadas o en tramitación. Será una vez transcurrido el plazo de alegaciones cuando la Sala decida si efectivamente formula la cuestión prejudicial ante el TJUE y, en paralelo, resuelva sobre la petición de medidas cautelares planteada por Valencia y Aragón contra el decreto.

El Consejo de Ministros ha aprobado un segundo Real Decreto-ley en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio que prorroga tres meses las medidas de alivio fiscal en energía y carburantes aprobadas en marzo, aunque con una retirada progresiva conforme avanza el verano. El paquete moviliza 1.825 millones de euros este año y otros 2.700 millones en ahorro fiscal previsto para 2027 y 2028.

La principal novedad es la rebaja escalonada del Impuesto sobre Hidrocarburos: 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre, lo que se traduce en un ahorro estimado de 939 millones de euros y se traducirá en un abaratamiento directo en el precio de las gasolinas y el gasóleo. El decreto incluye además un mecanismo de salvaguarda: si el IPC de los carburantes superara en más de un 15% el del mismo mes del año anterior, la rebaja podría ampliarse hasta los 20 céntimos por litro en agosto y septiembre.

En materia de electricidad y gas, el decreto no mantiene de forma automática las rebajas del IVA —del 21% al 10%— ni la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad —del 5,1% al 0,5%— que estuvieron vigentes durante el primer semestre, pero establece un mecanismo para reactivarlas en agosto y septiembre si los precios se encarecen más de un 15% respecto al mismo periodo de 2025.

Agricultores y transportistas, protegidos hasta finales de septiembre

El decreto amplía igualmente hasta el 30 de septiembre las ayudas extraordinarias al gasóleo agrícola y al gasóleo profesional para empresas de transporte por carretera, incluyendo autónomos, sociedades con licencias de transporte y titulares de autobuses urbanos. Todas estas ayudas son gestionadas por la Agencia Tributaria.

El impuesto a la producción eléctrica, camino de su desaparición

En el ámbito estructural, el decreto establece reducciones crecientes en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica: un 30% en el tercer trimestre de 2026 y un 40% en el cuarto, con un ahorro de 315 millones este año. El tipo pasará del 7% actual al 3,5% en 2027 y quedará fijado en el 0% a partir de 2028, cuando el Gobierno prevé que los costes del sistema eléctrico se habrán reducido a la mitad.

El decreto incluye también medidas para acelerar el despliegue de renovables, agilizar la repotenciación de líneas eléctricas e incorporar baterías en territorios no peninsulares, y amplía las facultades de la CNMC para supervisar el funcionamiento del mercado de carburantes y exigir información a mayoristas y minoristas de la cadena de distribución.

El Tribunal Supremo ha ratificado la sanción de 13,5 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a Indra por su participación en un cártel que manipuló durante una década licitaciones públicas de servicios tecnológicos en España.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de la compañía y confirma así tanto la resolución de la CNMC de julio de 2018 como la posterior sentencia de la Audiencia Nacional, que ya había rechazado todos los argumentos de Indra en su demanda.

Según quedó acreditado, las empresas implicadas operaban mediante un sistema sofisticado de coordinación: obtenían información anticipada de las licitaciones a través de contactos dentro de las propias administraciones convocantes, formalizaban acuerdos privados de reparto no comunicados a la Administración y se comprometían a no presentar ofertas alternativas entre sí. Un mecanismo de compensaciones internas servía para corregir las desviaciones sobre los porcentajes de facturación pactados. Los organismos afectados incluyen la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Indra alegó la implicación de las administraciones, pero el Supremo lo rechaza

La estrategia defensiva de Indra se centró en señalar que la CNMC no había investigado el papel de las propias administraciones convocantes en la trama, pese a que la resolución sancionadora reconocía que estas tuvieron cierta incidencia en la conducta. La empresa sostenía que esa falta de investigación le había impedido acreditar una posible exención de responsabilidad.

El Supremo rechaza este argumento con claridad: la excepción legal que invocaba Indra depende exclusivamente de los efectos económicos del acuerdo, no de la intervención de ningún poder público, y la carga de probarla recaía sobre la propia empresa. "La sanción se sustenta en la propia conducta de aquella, acreditada en la instancia, sin que la falta de investigación afecte a su validez ni a su graduación", señala la resolución.

La sentencia sienta además doctrina sobre esta cuestión al declarar que la eventual responsabilidad de las administraciones contratantes no excluye ni atenúa las sanciones impuestas a las empresas participantes en el cártel.

María Gertrudis Alcázar Jiménez,conocida como 'Gertru', y administrativa que ha trabajado durante 26 años en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, compareció este lunes ante la Comisión de Investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero se negó a responder a ninguna de las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios, amparándose en su condición de investigada en la Audiencia Nacional y en el derecho a no declarar contra sí misma reconocido en el artículo 24 de la Constitución.

Alcázar Jiménez, que figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, explicó al inicio de la sesión que actuaba siguiendo asesoramiento jurídico. "Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta Comisión, sino como algo coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita", señaló en la única intervención que realizó durante toda la sesión.

Un extenso relatorio de correos y mensajes

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y proponente de la comparecencia, la senadora María del Rocío Dívar Conde, abrió el interrogatorio con un extenso repaso al contenido del auto judicial del juez Alhama, que a su juicio retrata a Alcázar Jiménez no como una simple secretaria de agenda, sino como "el nodo central por el que circulaban las comunicaciones y la documentación de la oficina del señor Zapatero".

Dívar Conde puso el foco en una serie de correos electrónicos recogidos en el auto en los que, según expuso, Alcázar Jiménez habría preguntado al destinatario de facturas qué concepto debía figurar en ellas y qué importe había que consignar, en lugar de ser el prestador del servicio quien determinara esos datos. "Quien ha prestado un servicio real no pregunta cuánto dinero debe cobrar, porque ya lo sabe", argumentó la senadora popular, quien citó expresamente un correo del 29 de marzo de 2022 en el que, según el auto, Alcázar escribía: "Si tengo que poner más importe, con lo que me dio el lunes, lo envío firmada".

La portavoz popular también aludió a mensajes en los que Zapatero habría pedido a su administrativa que recopilara información sobre viajes a Venezuela y sobre facturas de la consultora Análisis Relevante tras la detención de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, y preguntó si esa recopilación formaba parte de una estrategia de defensa coordinada. Asimismo, se refirió a las joyas intervenidas en la caja fuerte del despacho de Zapatero, valoradas pericialmente en más de 1,3 millones de euros, y cuestionó la explicación que Alcázar habría dado a los agentes en el momento del registro, atribuyendo su origen a herencias y regalos de viajes.

La senadora popular anunció que Alcázar volverá a ser citada

Al término de su turno, Dívar Conde anunció que el Grupo Parlamentario Popular instará a que Alcázar Jiménez sea convocada de nuevo ante la Comisión. "El silencio no hace desaparecer los hechos, porque los documentos hablan, hablan los correos, hablan los mensajes, hablan las reuniones, hablan las facturas", afirmó, antes de advertir de que el grupo no aceptará "que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario".

La senadora del PP también preguntó por reuniones de Zapatero con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas una que, según afirmó, habría tenido lugar en el Palacio de la Moncloa un domingo —el 30 de noviembre de 2025— con la vicepresidenta primera María Jesús Montero y el ministro Félix Bolaños, entre otros, apenas días antes de la detención de Julio Martínez.

Gómez Enríquez y Caballero Martínez apuntan al papel de Alcázar como "soporte operativo"

La senadora del Grupo Mixto Paloma Gómez Enríquez incidió en la descripción que el auto judicial hace de Alcázar Jiménez como "pieza operativa esencial" y "soporte administrativo financiero clave de la trama", y le preguntó, sin obtener respuesta, por su relación con Cristóbal Cano, por los contactos con empresas del Ibex y por su presunto papel en la constitución de sociedades instrumentales vinculadas al entorno de Zapatero, incluida la empresa de las hijas del expresidente.

La senadora de UPN (Grupo Mixto) María Caballero Martínez instó a la compareciente a reflexionar sobre su situación procesal y señaló que "su futuro judicial va a estar ligado a su jefe", al tiempo que le recomendó que, llegado el momento de declarar ante el juez, optara por colaborar con la justicia.

El PSOE denuncia un "juicio paralelo"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Amparo Marco Gual, rechazó de plano el planteamiento de los grupos proponentes y denunció que la Comisión se ha convertido en "un instrumento al servicio de la estrategia del Partido Popular" y en "un juicio paralelo donde no se cumplen las mínimas garantías procesales". La senadora socialista reivindicó la legalidad del rescate de Plus Ultra durante la pandemia, validado según sostuvo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado, y defendió que Alcázar Jiménez estaba ejerciendo un derecho constitucional al guardar silencio.

La intervención de Marco Gual derivó en varios llamamientos al orden por parte de la presidenta de la Comisión, la navarra Ana Beltrán que le requirió en varias ocasiones que reconduciese sus palabras hacia el objeto de la comparecencia.

La sesión concluyó sin que la compareciente realizara uso del turno final de tres minutos que le fue ofrecido.

Los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han protagonizado una semana de intensa actividad en el Pirineo oscense, con varias intervenciones entre el 22 y el 28 de junio en las que ciudadanos navarros se han visto implicados en circunstancias muy distintas.

La semana arrancó el lunes 22 con el rescate de tres senderistas agotados en la Brecha de Llorás, en el Parque Natural Posets-Maladeta. De un grupo de nueve personas, tres no podían continuar debido al cansancio, presentando además cortes leves y un esguince de rodilla. El GREIM de Benasque, la Unidad Aérea y el médico del 061 los evacuaron en helicóptero hasta la helisuperficie de Benasque. Entre ellos, un vecino de Pamplona de 62 años.

El incidente de mayor gravedad con implicación navarra llegó el viernes 26, cuando a las 15:45 horas se recibió aviso de un desprendimiento de rocas en el Refugio de Goriz, en el corazón del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Una joven de 28 años vecina de Alsasua sufrió laceraciones profundas y escoriaciones en la pierna tras el impacto. Los especialistas del GREIM de Boltaña y la Unidad Aérea de Benasque la evacuaron hasta la Pradera de Ordesa y fue trasladada posteriormente en ambulancia al Hospital San Jorge de Huesca.

Apenas media hora después, ese mismo jueves a las 16:20 horas, un nuevo aviso situaba a otro grupo con vecinos navarros en apuros. Un grupo de cinco menores y tres monitores que realizaban senderismo entre Secastilla y Torreciudad tuvo que ser rescatado por agotamiento, deshidratación y un posible esguince de tobillo de una de las jóvenes. Entre los monitores figuraban dos vecinos de Cizur: un ciudadano de República Dominicana de 29 años y otro de Uganda de 26. Los menores, de entre 12 y 15 años y procedentes de Madrid y San Sebastián de los Reyes, fueron atendidos en el lugar por el GREIM de Boltaña, la Unidad Aérea de Huesca y los servicios médicos del 061, y pudieron continuar por sus propios medios tras recibir asistencia sanitaria.

Una semana que, más allá de los casos con implicación navarra, deja un balance global de decenas de intervenciones en todo el Pirineo aragonés y que recuerda, en pleno inicio del verano, la importancia de una preparación física y material adecuada antes de adentrarse en la montaña.

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un ciberdepredador sexual en serie al que se le imputan 36 delitos contra la libertad sexual cometidos contra víctimas menores de 16 años. El arrestado empleaba el grooming, una técnica de engaño online para ganarse la confianza de los menores y conseguir que le enviasen imágenes íntimas.

Operación Achillea: investigación contra la explotación sexual infantil en redes sociales

La investigación, bautizada como operación Achillea, comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por una víctima residente en la isla de Gran Canaria en 2024. Las pesquisas iniciales permitieron al Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Santa María de Guía registrar el domicilio del sospechoso en tierras alicantinas.

En la vivienda se intervinieron más de 200 dispositivos de almacenamiento de datos entre teléfonos móviles, ordenadores, discos duros externos y memorias USB. El análisis de este material tecnológico ha destapado una colección privada de archivos de vídeo e imágenes pedófilas que alcanzaba una capacidad total de 18.000 Gigabytes.

A través del examen de estos soportes informáticos, los agentes han logrado identificar hasta la fecha a más de 20 víctimas especialmente vulnerables, con edades que parten desde los 8 años, distribuidas por todo el territorio nacional y diversos puntos del extranjero.

Delitos informáticos y el peligro del perfil falso de Juan en las aplicaciones de mensajería

El modus operandi del acusado combinaba el engaño continuo y la manipulación emocional durante más de una década. El detenido operaba en redes sociales y aplicaciones de mensajería bajo la falsa identidad de un menor de edad llamado Juan. Con este perfil ficticio entablaba relación con las víctimas, llegando a convertirse en "novio" de algunas de ellas para que se fotografiaran o grabaran realizando actos de carácter sexual. Tras recabar las pruebas documentales, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el autor de los hechos.

Consejos de seguridad digital y supervisión parental para la prevención del ciberacoso

Ante la proliferación de conductas delictivas en el entorno digital, la Guardia Civil reitera la necesidad de implantar medidas preventivas en los dispositivos familiares. Se recomienda configurar siempre perfiles cerrados en redes sociales y rechazar de forma sistemática solicitudes de amistad procedentes de personas desconocidas, aun cuando existan contactos comunes en la plataforma.

Asimismo, resulta fundamental evitar la difusión pública de datos sensibles como la ubicación en tiempo real, el nombre del centro escolar o los números de teléfono personales. La supervisión parental activa de las actividades online, complementada con una comunicación abierta en el hogar, constituye la principal barrera de protección para que los menores puedan alertar ante cualquier interacción que les resulte incómoda o sospechosa.

La Policía Nacional ha detenido a dos adultos y un menor de 16 años acusados de violar a tres jóvenes, una de ellas también menor de edad, en un piso de Zaragoza. Los detenidos, identificados como Aboubacar C. C. y Malik S. B., están vinculados a Blue Demons, una banda latina encuadrada dentro de los Crips que la Brigada de Información de la Policía Nacional tiene constatada en varias ciudades españolas, entre ellas Pamplona.

El Gobierno de Aragón ha respondido con celeridad. El vicepresidente y consejero de Bienestar Social, Alejandro Nolasco, ha anunciado que los servicios sociales autonómicos quedan a disposición de las víctimas y sus familias para prestarles "atención inmediata" y acompañarlas judicialmente "para que los culpables paguen con todo el peso de la ley".

Nolasco ha reclamado además al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que "facilite ya mismo todos los datos necesarios para ayudar a las víctimas y perseguir a los culpables".

Una banda con ramificaciones en varias ciudades

Blue Demons es un grupo de reciente implantación en España, vinculado a los Crips, banda nacida en Los Ángeles en la que originalmente predominaba la comunidad afroamericana. Según ha publicado el Heraldo de Aragón, la Policía Nacional tiene constatada su presencia en Sevilla, el sur de Madrid y Pamplona, además de Zaragoza, donde se ha producido esta agresión.

Pedro Sánchez compareció este sábado ante el Comité Federal del PSOE con un mensaje de continuidad y ambición: "En 2031 España será un país mucho mejor gracias a otros cuatro años más de gobierno progresista". El presidente del Gobierno aprovechó el cónclave interno para hacer balance de la legislatura, trazar objetivos para la próxima y abrir formalmente el proceso orgánico de primarias de cara a las elecciones generales de 2027.

Entre los compromisos para el próximo mandato, Sánchez enumeró que el 80% de la energía española provenga de fuentes renovables, la reducción del abandono escolar, el aumento del parque de vivienda pública, la erradicación de las listas de espera sanitarias y la garantía del poder adquisitivo de las pensiones. También avanzó una medida de calado simbólico: "La España de 2030 se atreverá a abolir la infamia de la prostitución". Y prometió blindar en una constitución del siglo XXI el matrimonio igualitario, el derecho al aborto y la sanidad pública.

Un balance de legislatura con 68 iniciativas

El líder socialista repasó ante los miembros del Comité Federal algunas de las más de 68 iniciativas aprobadas en lo que va de legislatura: la reforma constitucional para ampliar los derechos de las personas con discapacidad, la Ley ELA, la penalización de las terapias de conversión, el bono cultural, las inversiones en dependencia y vivienda o las ayudas desplegadas ante las crisis de precios derivadas de los conflictos en Ucrania, Gaza e Irán. Sánchez destacó también que España es el tercer país de la Unión Europea que más ha reducido las desigualdades en los últimos ocho años.

Transparencia frente a corrupción

En uno de los momentos más políticos de su intervención, Sánchez presumió de que el PSOE lidera el índice de transparencia entre partidos con 83 puntos, tras crecer más de 25 en doce meses, mientras PP y Vox se sitúan 50 puntos por debajo. "Esta es la realidad, nuestro compromiso no solo de palabra sino también de acción. PP y Vox no son el fin de la corrupción, sino su regreso", afirmó.

Sobre las informaciones que afectan a su entorno familiar, Sánchez denunció el patrón que ya describió en el Congreso: noticias falsas de medios afines a la ultraderecha que acaban convertidas en denuncias judiciales. Frente a ello, defendió que su gobierno "ha limpiado las instituciones" de tramas como la Gürtel o la Kitchen.

"Sin Vox no hay gobierno, con Vox hay desgobierno"

Con las elecciones de 2027 ya en el horizonte, Sánchez dibujó la batalla electoral como un enfrentamiento entre el modelo socialista y los gobiernos de coalición entre PP y Vox que existen en varias comunidades autónomas. "Sin Vox no hay gobierno y con Vox hay desgobierno. Solo el PSOE puede frenarlos", afirmó, y animó a la militancia con una apelación al coraje: "Todos a una, salimos a ganar y a gobernar".

El secretario general también tuvo palabras de solidaridad con Venezuela tras el terremoto y destacó el envío de ayuda humanitaria española para reforzar las tareas de rescate.

Cerró su intervención leyendo la carta de una militante valenciana cuyo padre, en sus últimos días de vida, encontraba consuelo al ver que las ideas socialistas seguían siendo defendidas. "Es lo que somos para millones de personas, un refugio y un baluarte", concluyó Sánchez.